• C.E.F.K.

Un año de la decisión del STF que criminalizó la LGBTfobia

Actualizado: 6 de oct de 2020


La Constitución vigente de Brasil fue promulgada en 1988, consolidando la retomada de la democracia en el país. Es conocida como constitución ciudadana, previendo en su art. 3º, al tratar de los objetivos fundamentales de la República, la promoción del bien de todos, sin prejuicios por el origen, la raza, el sexo, el color, la edad y cualquier otra forma de discriminación. Tal dispositivo constitucional debería ser suficiente para orientar a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a que emprendan sus acciones con la finalidad de garantizar la construcción de una sociedad con esa base. Pero, no es lo que observamos en la historia de nuestra nación, principalmente cuando tratamos sobre los derechos de la población LGBT.

Según consta en el mapa de la violencia de género, entre 2014 y 2017, el SINAN (Sistema de Información de Agravios de Notificación) recibió 12.112 registros de violencia contra personas trans, cuya identidad de género fue clasificada como transexual mujer, transexual hombre o travesti. Ya con relación a las personas cuya orientación sexual consta como homosexual o bisexual y cuya identidad de género no fue identificada, fueron 257.764 casos de violencia en ese periodo.

También podemos encontrar, en el art. 5º de la Constitución, que trata sobre los derechos y garantías fundamentales, el inciso XLI, que dice que “la ley castigará cualquier discriminación que atente contra los derechos y libertades fundamentales;” y el inciso XLII, que dispone que “la práctica del racismo constituye crimen sin fianza e imprescriptible, sujeto a pena de reclusión, en los términos de la ley”

Fue con base en esas normas constitucionales que el Supremo Tribunal Federal fue accionado en dos acciones, una Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión y una Orden Judicial, ambas, por caminos diferentes, buscaban el reconocimiento por la Corte Constitucional de que el orden jurídico brasileño se encontraba en omisión e ineficiente en la producción legislativa que ejecute la defensa de los derechos y la protección de la integridad física y psicológica de la población LGBT.

En el juicio de esas acciones, fueron producidas las siguientes tesis, resumidas de la siguiente forma:

1. Hasta que haya una ley emanada del Congreso Nacional destinada a implementar los mandatos de criminalización definidos en los incisos XLI y XLII del art. 5º de la Constitución de la República, las conductas homofóbicas y transfóbicas, reales o supuestas, que envuelvan aversión odiosa a la orientación sexual o a la identidad de género de alguien, por ser consideradas expresiones de racismo, comprendida en su dimensión social;

2. La represión penal a la práctica de la homotransfobia no alcanza ni restringe o limita el ejercicio de la libertad religiosa;

3. El concepto de racismo, comprendido en su dimensión social, se proyecta para más allá de aspectos estrictamente biológicos o fenotípicos, pues resulta, como una manifestación de poder, de una construcción de índole histórico-cultural motivada por el objetivo de justificar la desigualdad y destinada al control ideológico, a la dominación política, a la subyugación social y a la negación de la otredad, de la dignidad y de la humanidad de aquellos que integran el grupo vulnerable (LGBTI+).

Así, reconoció el STF que la práctica de homofobia y transfobia, términos que, pueden afirmarse, más restrictos que la expresión LGBTfobia, a la cual abarcaría todas las expresiones de sexualidad, afectividad y género en la protección.

Es importante resaltar la dificultad de mensuración y consecuente dificultad en el enfrentamiento de la violencia sufrida por ese grupo, ya que las investigaciones y los datos oficiales, producidos por el gobierno, son escasos. De esa forma, es indispensable el trabajo de recopilación de datos y su divulgación realizada por grupos de la sociedad civil organizada, como el loable trabajo hecho por el Grupo Gay de Bahía, fundado en 1980 y que es el más antiguo de América Latina aún en funcionamiento.

Otro ejemplo es el Dossier hecho por ANTRA – Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil, la autora, Bruna Benevides, secretaria de la articulación política, apunta para los índices elevados y que, ciertamente no son informados.


Sitio: https://www.brasildefato.com.br/2020/01/29/em-2019-124-pessoas-trans-foram-assassinadas-no-brasil

En una entrevista dada a Huffpostbrasil para el artículo: ¿Qué sucedió 6 meses después de la decisión del STF que criminalizó la LGBTfobia?, el abogado Paulo Iotti, que actuó en las acciones constitucionales que resultaron en la criminalización de la homofobia y transfobia por el STF, comenta la dificultad que las personas enfrentan para tener una respuesta judicial a las ofensas sufridas, empezando, de lo básico, que es registrar el hecho a la Policía, declarando:

Ciertamente por esa resistencia, normalmente por aquellos que no están de acuerdo con la decisión del STF y por eso claramente quieren darle la menor efectividad posible, se hace difícil registrar los hechos de homotransfobia.

Por lo tanto, se observa la dificultad de hacer cumplir los derechos, de proteger a la población LGBT, incluso con la decisión judicial del STF que entiende la homotransfobia como racismo social. Se reafirma, por lo tanto, la necesidad de trabajar con toda la sociedad, no solo mediante la criminalización.

El prejuicio y la discriminación, también vienen siendo reproducidos abiertamente en discursos políticos. Quienes deberían ser buenos ejemplos para la sociedad se muestran como canales de permisividad al discurso de odio y la intolerancia a la diversidad. Se hace necesario, entonces, instrumentalizar la protección de los ciudadanos LGBT.

La punición no debe ser el objetivo final de la lucha por la efectividad de los derechos, pero, dadas las circunstancias, es un instrumento importante en la protección de los derechos y de la integridad física y psicológica de las personas. Sin embargo, la disputa es también, y principalmente, por la implementación de políticas públicas que promuevan la educación, la concientización social y que brinden apoyo material y psicológico para la población LGBT, las políticas integrativas y que garanticen la efectividad de derechos constitucionales.

Referencias:

https://www.youtube.com/watch?v=Tgq3i0vrVLE

https://www.spreaker.com/user/halfdeaf/hq-da-vida-106

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf

https://grupogaydabahia.com.br/

https://www.instagram.com/tv/CAv9CvUnyKe/

https://www.cartacapital.com.br/diversidade/141-pessoas-morreram-por-lgbtfobia-no-brasil-em-2019-diz-relatorio/

https://www.huffpostbrasil.com/entry/lgbtfobia-stf-criminalizacao-resultado_br_5e00f394e4b0843d35ffb3e3

https://mapadaviolenciadegenero.com.br/lgbt/

https://www.brasildefato.com.br/2020/01/29/em-2019-124-pessoas-trans-foram-assassinadas-no-brasil

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/19/sp-registra-1-crime-motivado-por-homofobia-a-cada-6-dias-aponta-levantamento-veja-mapa.ghtml


Archivo personal

Cristiane Duarte



Abogada feminista, actuante en el área de derecho de familia y en la defensa de los derechos de las mujeres.





Archivo personal


TRADUCCIÓN

Ruth Vera



Pedagoga, activista feminista, artesana y latinoamericana.

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